Resulta sorprendente que la asignatura que imparte, opcional en el currículo universitario, cuente con una media de setenta alumnos cada año. Francisca lo atribuye a varios motivos: “En Cataluña, hasta hace muy poco, el Derecho Canónico ha sido el Derecho Supletorio, ha habido tradición de grandes canonistas catalanes, como Ramón de Peñafort, y también porque los alumnos llegan a reconocerme que, en contra de lo que pensaban al principio, descubren que les gusta”.
Entre clase y clase, la profesora estudia e investiga sobre la protección penal de la libertad religiosa, es decir, todo aquello relacionado con la difamación a personas por creencias o motivos religiosos. Próximamente publicará un libro relativo a asuntos relacionados con la sociedad multicultural y plurireligiosa, en el que esboza las medidas que debería adoptar cualquier estado nacional sin tener que ignorar la religión y lograr que colabore a la paz social.
Natural de Cartagena, alegre y desenvuelta en las formas, no rehúsa abordar temas conflictivos de actualidad, como los recientes casos sobre la utilización o no de símbolos religiosos en el trabajo, las escuelas y espacios públicos. “La presión aumentará conforme crezca la presencia de personas de diferente religiones en nuestro país, y en los últimos años hemos tenido un crecimiento exponencial en la proporción de musulmanes”.
A este respecto, le parece muy interesante la solución que adoptaron los tribunales italianos por la misma cuestión, “señalando que algunos símbolos religiosos, independientemente de que puedan tener o no un significado religioso, objetivamente contienen además un significado cultural e histórico para el país”. Por tanto, “vinieron a manifestar que no existe ninguna razón para que un símbolo, con gran arraigo en la cultura italiana, se tenga que retirar”. Además, Francisca determinada que esta manera de proceder no es incompatible con la aconfesionalidad de un país, ya que “son perfectamente conciliable los espacios públicos con las diferentes confesiones”.
El pasado trimestre se marchó a estudiar a la prestigiosa Harvard Law School, con el objetivo de seguir investigando sobre los Derechos Humanos, entre otros temas. En este punto, es ineludible preguntarle su opinión sobre el reciente suicidio inducido a la mujer alicantina enferma de esclerosis lateral amiotrófica. La profesora precisa distinguir entre suicidio asistido -ejecutado por el propio paciente- y eutanasia -cuando media una persona en la muerte- por que la culpabilidad penal es distinta en cada caso. Según ella, el tema de fondo es que si se legaliza cualquiera de las dos vías, entraríamos “en una pendiente muy resbaladiza; porque se empieza defendiendo el suicidio asistido de enfermos terminales, seguirían los que han perdido el sentido de la vida y llegaríamos a la eutanasia de niños con enfermedades, argumentando que carecen de calidad de vida…, en definitiva, su legalización supondría generar una inseguridad enorme entre los enfermos y los ciudadanos en general”, concluye Francisca.
